Empleados judiciales realizarán un ruidazo con movilización

Este martes los y las trabajadoras del Poder Judicial de San Juan se declararon en estado de alerta y anunciaron que mañana realizarán una movilización. 

Será el miércoles 8 de mayo a las 12 en la puerta de Tribunales. Según informaron "conforme a los últimos acontecimientos, supuesto Acuerdo N° 31, el cual desconocemos hasta la fecha y dado que la pocas precisiones surgen de información parcial expresadas en medios informativos de la Provincia". 

En relación a lo anterior manifestaron "comunico formalmente  a la Corte el Estado de alerta y movilización decretado por la Unión Judicial de San Juan". 

Además anunciaron la "adhesión al Paro General convocado por la CGT R.A. al cual adhiere la Federación Judicial Argentina".

En este contexto señalaron "la situación económica actual pone en ssituación de desigualdad social a quienes menos poder adquisitivo tienen dentro del Poder Judicial, al punto deno poder enfrentar las necesidades bbásicas. No debe la Corte omitir y pasar por alto que trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial no vean satisfechas sus necesidades básicas. Por el contrario debe la Corte de Justicia promover la movilidad ascendente de sus trabajadores y trabajadoras. Es menester que las soluciones sean integrales y no promover beneficios sectoriales sobre todo los que son dirigidos a estructuras o jefaturas que de por sí, ya tienen altos ingresos y jubilacón de privilegio".

Cabe destacar que el fiscal Quatropanni se ha sumado a la protesta. "Cumplo en remitir comunicado emitido por esta Fiscalía General, referido al otorgamiento de adicional a algunos funcionarios dependientes de la Secretaría Administrativa del Poder Judicial. Hago notar que, entre otros motivos, justifica este el evidente operativo comunicacional dirigido a involucrar a Fiscales Coordinadores en el cuestionado Acuerdo". 

El comunicado

Ante el dictado del Acuerdo N° 31/2024, por el cual se establece el pago de un adicional para un cierto grupo de funcionarios con dependencia directa de la Secretaría Administrativa, y habida cuenta del evidente operativo comunicacional dirigido a intentar justificar dicha decisión en la situación de los Fiscales Coordinadores de las Unidades Fiscales, cumplo en decir:

I. Que no es cierto que el cuestionado Acuerdo haga referencia alguna a los Fiscales Coordinadores de las Unidades Fiscales.

II. Que los Fiscales Coordinadores (dos por Unidad Fiscal) perciben desde el año 2018 un adicional respecto a los Fiscales, motivado por la prestación del servicio 24/7 y demás circunstancias que los hacen distintos a demás prestadores del servicio.

III. Que comparto con la Unión judicial el criterio de que el adicional otorgado a un grupo selecto de personal administrativo no resiste análisis lógico ni fáctico, en tanto el modo de prestación del servicio de estos en modo alguno justifica diferenciación con la inmensa mayoría de los agentes judiciales.

IV. Que el operativo comunicacional intentando justificar tan criticada decisión, comparándola con la situación de los Fiscales Coordinadores, resulta ser una tácita confesión de lo inoportuno e injustificado de la decisión cuestionada.

V. Que corresponde aclarar que el Fiscal General participa en los Acuerdos como asistente, sin derecho a voto, es decir, no forma parte de la decisión que se toma, habiendo expresado a la autoridad su opinión adversa al otorgamiento de ese adicional, por lo que el operativo comunicacional dirigido a involucrarlo en el cuestionado plus, se corresponde, nuevamente, con una tácita confesión de conocerse lo cuestionable de ello.

VI. Que de ser cierto que se ha negado a la prensa el acceso al conocimiento del Acuerdo 31/2024, corresponde expresar el más enérgico repudio a esa decisión de la Administración, en tanto constituiría un retroceso a épocas en que el Poder Judicial se creía exento de dar explicaciones públicas.

VII. Que estoy convencido de que la decisión tomada en el Acuerdo 31/2024 se corresponde con una deficiente información brindada a la Corte de Justicia por parte de la Administración, en tanto no existe una sola justificación racional para otorgar dicho beneficio en orden al modo de prestación de servicio.

VIII.Que, por último, no puede escapar al mínimo y racional criterio, que el otorgamiento del adicional al personal inmediatamente dependiente de la Secretaría Administrativa, resulta ofensivo e injuriante para con los demás funcionarios de los distintos poderes del Estado.